La acusación incluye operaciones millonarias con 23 distribuidores considerados sin capacidad real de operar, con facturación dudosa y pagos en efectivo que impiden la trazabilidad de los fondos.
El expediente, elevado ante la Justicia Federal, está respaldado por Felicitas Achábal, jefa interina de la División Penal Tributaria de Grandes Contribuyentes Nacionales de ARCA, y patrocinado por los abogados Matías Gentile Brezigar y Vanina Vidal.
Según el escrito, entre 2021 y 2023 Tabacalera Sarandí facturó más de $ 33.600 millones a intermediarios sin estructura ni registro fiscal confiable; los hallazgos sugieren que estas empresas oficiaban como "usinas" para blanquear dinero ilícito.
La denuncia se ampara en el artículo 303 del Código Penal y detalla un esquema sistemático de legitimación de activos: ventas en efectivo, facturas con precios similares a los de compra, ausencia de acreditaciones bancarias y patrones atípicos en la emisión de comprobantes.
ARCA identificó tres etapas en la cadena de comercialización: Tabacalera Sarandí vende a mayoristas, éstos a minoristas, y finalmente llega al consumidor.
El problema, según el organismo, radica en la segunda etapa: los supuestos mayoristas, 23 en total, no tenían estructura operativa ni pagos bancarizados, emitían facturas tipo B de forma automatizada, con lapsos de segundos entre comprobantes, algo que descarta la venta presencial real.
Además, vendían los productos casi al mismo precio de compra, lo que implica rentabilidad nula o simulada, tampoco registraban pagos tributarios ni tenían empleados, y sus domicilios fiscales no coincidían con zonas comerciales activas.
La operatoria permitió que un 31% de la facturación total de Tabacalera Sarandí durante el período investigado proviniera de estos clientes considerados como no confiables.
Los pagos, hechos mayoritariamente en efectivo, se depositaban en cuentas recaudadoras de la empresa sin que los fondos pudieran ser justificados.
El dinero ingresaba así al sistema financiero formal sin trazabilidad del origen.
Para los técnicos de ARCA, el objetivo era claro: usar a estas distribuidoras fantasmas para introducir dinero negro en el circuito legal.
Las operaciones habrían sido diseñadas para reducir cargas tributarias, simular ventas reales y permitir transferencias de fondos imposibles de rastrear.
La Justicia ahora deberá investigar si el esquema operado por Otero sirvió para disimular el ingreso de dinero de origen ilícito.
En juego no solo está la reputación del empresario, sino el funcionamiento de un modelo de negocios que, según ARCA, encubrió una estructura dedicada a simular ventas para canalizar millones sin rendición tributaria.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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