La orden impone sanciones financieras y de visas a las personas y sus familiares que ayuden en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
Trump detalló que Washington impondrá consecuencias "tangibles y significativas", algunas de las cuales pueden incluir el bloqueo de bienes y activos, así como la suspensión de la entrada en EEUU de funcionarios, empleados y agentes de la CPI, así como de sus familiares directos", ya que su entrada el país norteamericano sería "perjudicial" para los intereses estadounidenses.
El mandatario afirmó en el documento que "La CPI, sin una base legítima, se ha declarado competente y ha abierto investigaciones preliminares sobre personal de EEUU y de algunos de sus aliados, incluido Israel, y ha abusado aún más de su poder al dictar órdenes de detención sin fundamento contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ex ministro de Defensa, Yoav Gallant".
Asimismo, indicó que la Corte Penal Internacional "no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos ni Israel", ya que ninguno de los dos países es miembro y remarcó que "Ninguno de los dos países ha reconocido nunca la jurisdicción de la CPI, y ambas naciones son democracias prósperas con ejércitos que respetan estrictamente las leyes de la guerra.
Trump añadió que "cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar, detener o procesar a personas protegidas" constituye "una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de EEUU".
La decisión del líder republicano se produce después de que los demócratas del Senado bloquearan la semana pasada un esfuerzo liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en protesta por las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, por la campaña de Israel en Gaza.
Por su parte, la CPI tomó medidas previas para proteger al personal de posibles sanciones estadounidenses. Así, el órgano pagó los salarios con tres meses de anticipación y se prepara para afrontar restricciones financieras que podrían paralizar el tribunal de crímenes de guerra.
La CPI está investigando los posibles actos genocidas de Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza, iniciada en octubre de 2023 tras el ataque terrorista de Hamás. El pasado 21 de noviembre, el tribunal emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y contra el anterior ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.
Fuente: actualidad.rt.com
wdm.
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