La decisión de iniciar el sumario fue tomada por la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento, a cargo de Miguel de Lezica, en un procedimiento que suele activarse en casos de alto impacto social.
Sin embargo, expertos en derecho anticipan que el proceso difícilmente derive en una sanción, ya que la fiscal habría actuado dentro del marco legal vigente.
Especialistas en derecho penal sostienen que la fiscal aplicó lo que establece el Código Procesal Penal de la provincia.
Según el artículo 161, un fiscal puede liberar a una persona detenida si considera que no pedirá la prisión preventiva en su contra.
Desde la Procuración General, aclararon que la investigación no busca evaluar el desenlace del caso, sino determinar si la fiscal interpretó correctamente las normativas vigentes e indicaron que "El robo en grado de tentativa no es motivo suficiente para ordenar la detención del acusado, incluso cuando existen antecedentes".
Aunque el proceso administrativo avanza, todo indica que Cladera no enfrentará sanciones significativas; la máxima penalización posible, en caso de que se comprobara un error en su accionar, sería una suspensión de hasta 30 días. Solo si se detectara la comisión de un delito, su caso pasaría a la Secretaría de Enjuiciamiento.
Fuente: elintransigente.com
wdm.
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