La norma había sido aprobada en diciembre y establecía un pago de $ 50 mil mensuales a todos los pacientes, a excepción de aquellos que demostraran tener ingresos bajos.
El Seguro Provincial de Salud (SEPROSA) imponía ese cobro como condición para acceder a consultas en los hospitales, aunque también hacía extensivo el servicio a las clínicas privadas; este era el principal argumento del oficialismo jujeño para defender la medida.
Sin embargo, la iniciativa fue objeto de críticas porque creaba la exigencia de un pago que antes no existía, ya que hoy cualquier ciudadano argentino recibe atención médica gratuita en los hospitales públicos de todo el país sin la obligación de abonar ningún seguro ni de demostrar ingresos precarios.
Ante la polémica, el gobernador Carlos Sadir decidió vetar la ley.
Al momento de comunicar la decisión el gobierno argumentó que hubo malas interpretaciones y uso político del debate.
El sitio oficial de prensa del gobierno de Jujuy señala que “La medida fue adoptada en atención a la desinformación circulante, la confusión provocada y el aprovechamiento político que se hizo en relación al alcance de dicha norma”.
Luego el comunicado agrega: “SEPROSA fue creado para propiciar la apertura del Instituto de Seguros de Jujuy (la obra social de los empleados públicos en la provincia) y, por esta vía, beneficiar a todos los habitantes con la cobertura de la mejor obra social de la provincia, garantizando prestaciones médico-asistenciales de calidad”.
En la fundamentación, la ley sostenía que había un sector de la población, de alrededor de 200.000 personas, que si bien tiene trabajos informales, posee capacidad de pago y esgrimía como ejemplo el caso de vendedores ambulantes, taxistas y feriantes; además, el texto de la norma argumentaba que el ajuste de partidas en las que avanzó el gobierno del presidente Javier Milei a nivel nacional había afectado el financiamiento del sistema de salud local.
La aprobación de la ley generó rechazo en sindicatos y sectores intermedios a nivel local, que derivó en la creación de Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública.
Quienes lo integraban - médicos, dirigentes sindicales y trabajadores del sistema de salud - esperaban la promulgación de la ley para realizar un planteo judicial.
El principal argumento fue que la Constitución, nacional y provincial, indica que el servicio de salud es público y gratuito, por lo que su arancelamiento, en cualquier formato es inconstitucional.
Fuente: infobae.com
wdm.
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